El Concejo Municipal dio luz verde a un Proyecto de Ordenanza con el que se pretende proteger tanto a los usuarios de tarjetas de Transporte Urbano de Pasajeros por Colectivos, como del Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM).
Según se detalló, con la normativa, avalada de manera unánime por el Cuerpo, se establece la prohibición del cobro de un monto adicional o suma de dinero extra alguna por la compra o recarga de tarjetas de transporte urbano de pasajeros por colectivos y tarjetas inteligentes de estacionamiento medido, a los comercios que ofrezcan este tipo de prestaciones.
A su vez, se especifica que todos los establecimientos comerciales habilitados que lleven adelante esta actividad deberán colocar en un lugar visible un cartel que contenga la siguiente leyenda: “La compra o recarga de tarjetas de servicios públicos no están sujetas al cobro de suma adicional”. En caso de comercios que presten este servicio y no exhiban el cartel mencionado, serán sancionados con multas. Asimismo, en cuanto a carga de tarjetas para SEOM si se detecta que están cobrando un plus, el Municipio podrá disponer la exclusión o suspensión del servicio en el negocio.
Al respecto, Leandro González (FPCyS-UCR) afirmó que “el cobro de un adicional sobre el valor de una carga o la compra de una tarjeta es una práctica que nos preocupa, que sin ningún sustento legal, lesiona y menoscaba los derechos de los vecinos como consumidores y usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de servicios públicos tal cual lo prescripto en las Ordenanzas 11.580 y 11.685”.
“Este es un problema que hace tiempo se viene manifestando en distintas ciudades”, reveló y continuó diciendo que “si bien en nuestra ciudad creemos que no es una práctica masiva, porque muchos comercios cumplen con sus obligaciones sin transgredir las normas, hemos tomado conocimiento de diferentes situaciones que no deben ser naturalizadas y deben ser sancionadas. Antes que se generalicen estas situaciones, debemos adelantarnos a la posible vulneración de los derechos del consumidor, con legislación adecuada a la realidad”, sostuvo el Concejal radical.
González agregó que “sabemos que desde el Departamento Ejecutivo Municipal se están realizando esfuerzos en el control y la protección y defensa de los derechos ciudadanos y venimos a aportar en el mismo sentido. Tenemos que entender que en ambos casos estamos hablando de servicios públicos, y que aquí nos parece que debe existir una tutela del Estado ante este tipo de situaciones. Es necesario proteger los derechos de los vecinos como consumidores y usuarios”. Y aclaró: “Reconocemos la voluntad de muchos comerciantes de cumplir con lo que corresponde, que en este caso es ofrecer un servicio relevante para la comunidad. Para el comerciante existe un margen de ganancia, y nos parece que en este caso debemos estar en el lugar de los vecinos, que son quienes hacen un esfuerzo para poder cumplir con sus obligaciones diarias y para eso necesitan de este tipo de servicios”.
Cabe destacar que este Proyecto es el producto de la suma de otras iniciativas similares y que fueron trabajadas en la instancia de Comisiones del Concejo. Según se detalló, una propuesta similar había sido elaborada por la concejala Cristina Quinteros (FPCyS-UCR).