Se trata del problema que atraviesa el sector a raíz de la notificación recibida por un grupo de docentes provinciales mediante la cual fueron informados de que no contarían con la certificación de aptitud psicofísica necesaria para estar frente a una clase. En la misiva, expresa Acuña en el proyecto, también se explicaba al destinatario que, a partir de su recepción, debía tomarse una licencia de dos semanas hasta la definición de las situaciones en particular.
Ante esta situación el Concejo de la ciudad manifestó su interés porque se adopte una medida consensuada que contemple los derechos de los trabajadores como así también la calidad educativa.