En primer lugar, los vehículos destinados a este tipo de tareas deberán tener un logo que individualice claramente la agencia a la que pertenecen. Este distintivo estará localizado en las puertas delanteras o traseras, parabrisas y lunetas traseras del vehículo y los colores serán de libre elección de cada agencia, previamente autorizados por el órgano de control.
Además, los vehículos legalmente habilitados deberán exhibir una oblea identificatoria que será provista por la autoridad de control y tendrá carácter rotativo, pudiendo variar el color y la forma, según lo disponga la autoridad. Sobre este punto, el concejal Héctor Acuña (santafesino 100%) afirma que esta iniciativa busca agilizar los operativos de control y va a ofrecer una mayor percepción de los vehículos que efectivamente están autorizados porque, afirmó el edil, “la realidad nos muestra que hay una enormidad de vehículos pintados con el color establecido por la municipalidad que son habilitados en otras comunas o municipios aledaños a la ciudad de Santa Fe pero que nada tienen que ver con esta ciudad”.
El texto también establece que las agencias deberán brindar al menos dos viajes al mes para el traslado de personas con capacidades diferentes, desde su domicilio hasta el nosocomio donde se atiendan. El viaje comprenderá la ida y el regreso y el transportado deberá acreditar su condición mediante certificado extendido por el instituto donde se atienda que, además, será visado por la autoridad de control.
Quedarán exceptuadas de dicho beneficio aquellas personas que tengan el servicio cubierto por una compañía de seguro o ART. Por su parte, la autoridad de control llevará un registro de los viajes efectuados por cada agencia.
El Ejecutivo municipal deberá convenir con otros municipios y comunas del Departamento La Capital el color con carácter distintivo para cada localidad que tendrán los vehículos habilitados para este uso en colaboración con las autoridades provinciales correspondientes.
Acuña destacó la importancia de que esta idea haya surgido de los propios prestadores de este servicio comunitario y sostuvo que “el Estado debe comenzar a comprender la prestación de cada servicio y a avanzar en mecanismos que den una mayor visualización en el tema del control”.