Se propone la autolimitación de los medios de comunicación en cuanto a la publicación de avisos cuyo contenido sea el ofrecimiento laboral remunerado como acompañante en whiskerías, cabaret o similares, y la realización de acciones que puedan llevar adelante para poner en discusión esta problemática.
De esta manera, se intenta combatir la difícil situación de trata de personas por uno de los canales que muchos expertos coinciden en determinar que es por el cual se nutren estas redes.
Consultada sobre lo sancionado por el Cuerpo, Molina manifestó que “este es un primer paso en el cual estamos apelando a la responsabilidad social y ética de los medios de comunicación, pero también creemos que si esto no es así, el Estado quizá tenga que tomar otro tipo de medidas. En muchos casos, hay una clara violación a la Ley Nacional contra las mujeres con violencia mediática por un lado, fundamentalmente con violencia simbólica, y por el otro lado, se está propiciando algún tipo de delito como es la prostitución organizada.”
Por su cuenta, fundamentando la iniciativa, Suarez expresó que “mucha de esta publicidad puede significar una puerta de ingreso a un calvario que luego se torna difícil de revertir, por lo que creemos que es necesario avanzar en el trabajo conjunto de los diferentes actores sociales involucrados para determinar medidas de acciones concretas.”