Por otro lado, aquellas acciones que se lleven a cabo para evitar la distorsión de precios en las ventas de los cascos reglamentarios, serán incorporadas en el marco del Plan Municipal de Defensa y Protección de Derechos Civiles.
Asimismo, el Ejecutivo podrá formalizar acuerdos con otros municipios y comunas del área metropolitana para armonizar políticas y coordinar estrategias referidas a la aplicación de lo sancionado, así como también se le dispone establecer los mecanismos necesarios de difusión de la normativa.
La concejala Oddi manifestó durante la sesión que “más allá de los números y de las estadísticas de los accidentes producidos, estamos hablando de personas, de vidas, de vecinos. Creemos que la muerte, la discapacidad o las lesiones de cualquier ciudadano en estas circunstancias, genera enormes consecuencias sociales, inclusive en materia de infraestructura y recursos por parte del Estado. Recursos que podrían ser evitados y canalizados en otros aspectos de la salud humana.”
La Ordenanza también se funda en el gran número de accidentes de tránsito sufridos o provocados por motocicletas, el cual cuadriplica al de los automóviles, siendo el promedio de edad de los lesionados entre 24 y 28 años. Esta es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes, y el casco es el único elemento de protección capaz de evitar graves consecuencias, reduciéndolas hasta un 70%. Busca acompañar las medidas de concientización y educación vial, con acciones que controlen la aplicación de las normativas.