{mosimage}Los concejales de la ciudad mantuvieron una reunión con los integrantes de la Asociación de Carribares y Afines. Durante el encuentro, donde estuvieron Carlos Suarez (FPCyS), Luciano Leiva (FPV), Héctor Acuña (SFC) y otros representantes de las fuerzas políticas del cuerpo legislativo, los comerciantes expusieron la situación por la que atraviesan a seis meses de haber sido trasladados desde la Costanera oeste, a la calle J.M. Gutiérrez.
La reunión “es el último eslabón al que apelamos para hacer frente a una situación que se está tornando desesperante, hemos tocado varias puertas y se nos han cerrado”, explicó María Rosa Canalis, presidenta de la Asociación. “Hemos sido sacados de nuestro lugar de trabajo de tantos años con un perjuicio económico tremendo y nadie hace caso a los reclamos”, dijo.
Canalis, dueña del puesto de comidas número 57, que se llama “La Gallega”, fue consultada sobre la posibilidad de quiebra y dijo que es factible, ya que hay comerciantes que cerraron o bien se fueron de la zona en busca de otra más rentable. Sobre las familias afectadas, afirmó que “son muchísimas, hay no menos de cinco o seis empleados en cada carribar y una cadena de proveedores”.
“Pedimos que se nos respeten los lugares de trabajo, porque creemos que es un derecho adquirido” y agregó que “nos han llevado a un lugar donde nos prometieron mejoras, pero no se realizaron”. Además, puntualizó que la situación se está volviendo más grave porque esta mañana les cortaron el suministro de agua que cedía el polideportivo y además, les quitaron los baños químicos.
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El Decreto Nº 1658/08 dispuso la relocalización de los puestos de comida, lo que se efectivizó a inicios de este año en J.M. Gutiérrez, entre la avenida Almirante Brown y Laprida; y Obispo Príncipe, entre Almirante Brown y la laguna Setúbal para el caso de pancherías y venta de hamburguesas. “Entre los considerandos que daba la resolución que nos trasladó decían que nosotros generábamos insalubridad sonora y problema vial”, indicó Canalis, tras mencionar que otro argumento esgrimido para sacarlos del emplazamiento fue que el paisajismo de la zona era afectado por la presencia de los puestos de comida.
Finalmente la referente reconoció que la “actividad está en todos lados dañada”, y precisó que si bien “se presentaron varias alternativas (de relocalización) nunca fueron consideradas”.
Desde el Concejo, Luciano Leiva (FPV) expresó que “vamos a trabajar la situación como tema de la agenda legislativa” e indicó que “les pedimos que todo el material que ellos hayan tenido como propuesta al Ejecutivo nos lo hagan llegar a los efectos de analizarlo”. La semana entrante habría un nuevo encuentro y “los próximos días se buscará qué salida poder darle a la situación, de manera tal de contemplar la rentabilidad y el empleo de los carribares de la Costanera”.
Por su parte, el edil Héctor Acuña (SFC), dijo que “fue una reunión altamente positiva, donde los concejales nos nutrimos de los reclamos que en este caso tiene que ver con una acción comercial loable y con el sustento de actividades que son casi familiares”.
“Creo que determinadas políticas públicas no pueden aumentar la brecha social y el desempleo, sino que es necesario compatibilizar la urbanización de la ciudad con el desarrollo de determinadas actividades económicas”, reflexionó. Cuestionó las “contradicciones que tiene el Ejecutivo entre lo que dice y lo que hace (…) creer que uno tiene el poder absoluto para planificar o disponer determinadas cuestiones de la ciudad es un error conceptual. La ciudad la hacemos entre todos”. Por eso bregó para que haya “un cambio, una rediscusión, donde se puedan consensuar los derechos del intendente y del Concejo para planificar la ciudad para todos y no por capricho y para unos pocos”.
Del encuentro mantenido en la Sala Agustín Zapata Gollán, el martes 28 de julio, participaron Martín Leguizamón de Mister Pizza, Roberto Kruncen de Krunchi, Sofía Cardozo de Melchobar, Olga Falkenmayen de Saymon y Andrea Acuña, propietaria del primer carribar de la ciudad, Rodan Bar.