La violencia contra la mujer es un flagelo que aún no ha podido ser resuelto. La mirada cultural, que concibe a estos hechos como propios de la esfera privada, el lento accionar de la justicia, la falta de garantías para las personas que finalmente superan el miedo y deciden denunciar a sus agresores y la inadecuada contención psicológica y afectiva hacia quienes sufren golpes, conspiran contra la superación del problema.
Frente a esta realidad, la concejala Adriana Molina (FPCyS) presentará esta semana un proyecto que prevé la creación de una Consejería Legal Móvil, la cual recorrerá los distintos distritos de la ciudad, brindando asesoramiento y atención a las víctimas de violencia.
Según explicó Molina, “el principio de proximidad le concede al municipio un rol estratégico en cuanto al reconocimiento, legitimación y tratamiento del tema de violencia contra las mujeres, como un asunto de responsabilidad pública y bien común”. Además, la concejala sostuvo que ésto es posible mediante la Ordenanza 11.513, que fue aprobada en agosto pasado y que mediante la cual se crean distritos descentralizados “acercando las distancias entre los y las vecinas y el Gobierno de la Ciudad”.
“La protección de las mujeres víctimas de violencia requiere de políticas públicas en forma coordinada entre los Poderes del Estado y un sistema judicial más eficaz”, explicó Molina, haciendo referencia a la Oficina de Violencia Doméstica implementada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que atiende las 24 horas de todos los días del año, garantizando a las personas que se encuentran en circunstancias de especial vulnerabilidad a un rápido acceso a la justicia.