En la sesión del jueves 13 de noviembre de 2008, el Concejo Municipal aprobó una comunicación en la que se solicita que el Ejecutivo Municipal analice la posibilidad de suscribir un Convenio de Colaboración con la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.
Dicho convenio tendría como objetivos la implementación de acciones destinadas a la reinserción social de menores de dieciséis a dieciocho años que hayan transgredido la ley, a través del desarrollo de actividades tales como: trabajos comunitarios, capacitaciones, realización de deportes, entre otros.
La norma presentada por la concejala Adriana Molina, se fundamenta en que “el régimen legal vigente asegura un tratamiento especial, considerando a las y los jóvenes como personas en formación que requieren medidas socioeducativas para fomentar el sentido de responsabilidad y la integración familiar y social”.
En este sentido, Molina destaca que, de llevarse a cabo esta propuesta, “los jóvenes realizarían tareas en beneficio de la comunidad y espacios en común como ser limpieza, mantenimiento de plazas, parques, vecinales, escuelas, y órdenes de orientación y cuidado, que incluyen la capacitación, formación e inserción laboral”.
Es en esta dirección que, “los y las especialistas entienden que antes de plantearse el bajar la imputabilidad de los menores es necesario generar políticas de inclusión”.
Para finalizar, la legisladora resalta que “en la Argentina hay en la actualidad unos 6300 adolescentes sospechados o imputados de haber infringido la ley penal que están cumpliendo algún tipo de medida punitiva ordenada por un juez. Uno de cada cuatro de estos adolescentes permanece alojado en institutos con regímenes cerrados, a pesar de que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con rango constitucional, establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso, y sólo debe aplicarse en casos extremos”.