Los integrantes del Cuerpo Legislativo local mantuvieron un extenso debate sobre el paro del Transporte Urbano de Pasajeros que padeció el pasado martes 8 de mayo la ciudad de Santa Fe. Fue en la Sesión de este jueves, momento en que el Cuerpo aprobó por mayoría un Proyecto de Comunicación donde se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que “aplique las sanciones previstas en el Articulo 21 de la Ordenanza 11.580 a las empresas prestatarias del Servicio Público de transporte urbano de pasajeros por autobús, que no hubieran abonado los haberes del mes abril en el cuarto día hábil del mes en curso; sugiriendo se analicen la factibilidad de las mencionadas sanciones, transfiriendo los montos resultantes de la aplicación de las mismas en beneficio de los usuarios afectados”.
Según se detalló, las sanciones económicas para estos casos pueden variar de cien a treinta mil veces el valor del boleto de acuerdo a la gravedad de cada caso.
Por otro lado, en el texto se requiere que “el Departamento Ejecutivo Municipal convoque al Sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), a fin de promover que, en los casos de falta de pago de los haberes mensuales en término, se abstenga de realizar cualquier tipo de medidas de fuerza que impliquen la afectación del servicio público del transporte urbano de pasajeros, si las mismas no han sido comunicadas a la ciudadanía con al menos 24 horas de anticipación”.
La iniciativa fue elaborada por el concejal Ariel Rodríguez (FPCyS-UCR) y contó con el acompañamiento de los concejales Leonardo Simoniello, Esteban Aignasse, Fanny Jara, Cristina Quinteros (FPCyS-UCR), Vanesa Oddi (FPCyS-PS) y Noelia Chiementín (FPCyS-CC ARI). En tanto, los Concejales de la oposición decidieron no acompañar la propuesta.
La postura de los Concejales
Durante casi dos horas de debate, los Concejales se manifestaron respecto al tema en el Recinto de Sesiones.
Ariel Rodríguez (FPCyS-UCR): “Consideramos conveniente comunicar al Ejecutivo lo que, nos parece, sería una actitud seria y razonable del Estado frente a estos hechos para garantizar que situaciones como las que vivimos el martes no se vuelvan a repetir. Entendemos que hay una responsabilidad importante por parte de los empresarios, no vemos una circunstancia que justifique el no haber cumplido con los salarios de los trabajadores en tiempo y forma. Sin embargo, también hay que echar una mirada al grado de sensatez de la medida que se toma considerando la repercusión que esto tiene en la sociedad”.
Roberto Campanella (Partido Justicialista): “Ha habido propuestas serias del arco opositor en cuanto a mejorar este servicio porque el tema nos interesa. Sin embargo, me parece que habría que discutir el contenido de esta manifestación porque nos estamos inmiscuyendo en cosas que no nos competen. Por ese motivo, pretendemos modificaciones estructurales para la recuperación de las facultades de este Cuerpo en materia regulatoria y sancionatoria. Lo que hay que hacer para salir de la precariedad y empezar a resolver los problemas es pedir al Ejecutivo el llamado a licitación total o parcial del servicio”.
Esteban Aignasse (FPCyS-UCR): “Lo que sucedió el martes, es grave y urgente; afectó a toda la ciudad. Estamos acá para defender el derecho de todas las personas que nos votaron, por eso como Concejales tenemos derecho a manifestarnos y a tirar la oreja de los empresarios si jugaron con los bolsillos de los trabajadores. Pero también tenemos derecho a hablar con el gremio para decirle que se manifiesten de forma en que la gente no se vea perjudicada como sucedió; nadie les está negando el derecho a reclamar”.
Tomás Norman (PRO): “Respecto al proyecto en el que instamos a la aplicación prevista en el Artículo 21 de la Ordenanza Nº 11580 quiero decir que estoy de acuerdo en que la ley se tiene que aplicar a todos. En lo que no estoy de acuerdo es que tengamos que mendigar al Ejecutivo que aplique una ordenanza ya sancionada”.
Noelia Chiementín (FPCyS-CCARI): “La decisión fue intempestiva, hay que tener respeto por un servicio social como es el transporte de pasajeros establecido a través de un contrato. Quiero aclarar que de ninguna manera en este proyecto se expresa que los trabajadores no tengan derecho a reclamar por su salario, pero según los dirigentes gremiales, esta situación tiene antecedentes por incumplientos en meses anteriores; entonces lo que se pide es tener la consideración de advertir a los ciudadanos con antelación a la hora de tomar una decisión como ésta”.
Marcelo Ferreira (100% Santafesino): “Desde el Concejo no podemos negar un derecho de los trabajadores. Si tienen la posibilidad de lograr que las reglas sean claras, que hay una empresa obligada a prestar servicio y a cumplir con sus trabajadores con lo que marca la ley, la Municipalidad tiene que velar por los derechos de los ciudadanos, pero lo que vemos es que no hay intensión política de solucionar este problema”.