Asimismo, se solicitó a la Secretaría de Comercio Exterior que aplique las sanciones que pudieran corresponder, a fines de corregir las anomalías comerciales mencionadas y coordinar esfuerzos con los organismos de control y fiscalización para asegurar el cumplimiento por parte de los comerciantes.
Por último, se decidió estudiar la factibilidad técnica y económica a los fines de solicitar la correspondiente delegación de facultades en lo que refiere al control y cumplimiento de lo mencionado.
Los concejales advierten que en los últimos tiempos han proliferado en la práctica comercial múltiples formas y medios de poner en conocimiento de los consumidores diversas ofertas de productos, bienes y servicios. En algunas ocasiones, las ofertas no coinciden con el stock, precio y/o calidad de los bienes que promocionan, convirtiéndose en publicidades engañosas, abusivas de la buena fe comercial y de competencia desleal con respecto a sus pares.
Fundamentando la iniciativa, el Henn manifestó que “tenemos una Ordenanza de Defensa del Consumidor que posee potestades que tienen que ver con instruir todo un proceso, es decir, no potestades resolutivas sino instructoras. Lo que estamos pidiendo es que se ponga atención y énfasis en el control y vigilancia de cuestiones que hemos verificado, no como funcionarios públicos sino como meros usuarios.”
Con esta medida se tiende, entonces, a proteger no sólo al consumidor de bienes y servicios, sino la relación de los proveedores entre si “construyendo una cultura de buenas prácticas comerciales sustentadas en la buena fe y la lealtad comercial.”