El procedimiento para la Elaboración Participativa de Normas es un mecanismo que habilita un espacio institucional para la expresión de opiniones y propuestas, permitiendo y promoviendo la participación ciudadana en el proceso de creación de los proyectos de normas administrativas y ordenanzas municipales.
Podrán participar del proceso toda persona humana o jurídica, pública o privada, y la autoridad responsable será el Concejo Municipal o la Secretaría de Gobierno Municipal, dependiendo del tipo de norma.
Al respecto la concejala Blangini explicó que “tenemos un gobierno democrático y republicano, en el que los ciudadanos no sólo tenemos el derecho de elegir a nuestros representantes y gobernar a través de ellos, sino que además podemos participar activamente en los asuntos públicos. En este sentido, este proyecto viene a garantizar y facilitar este derecho”.
“La finalidad que tiene esta ordenanza es principalmente fortalecer la proximidad entre el municipio y los vecinos; busca involucrar a la ciudadanía en la gestión legislativa, dándole un marco general a la elaboración y al desarrollo. Esto va a permitir a los vecinos opinar y proponer sobre normas que luego alcanzarán a un gran número de personas”, agregó Blangini.
“Esta ordenanza va a obligar de algún modo al estado Municipal a considerar seriamente todo tipo de colaboración ciudadana en el armado de normas, achicando la brecha que separa cotidianamente a los vecinos del municipio. Queremos estimular la participación ciudadana, pero que sea de manera clara, transparente y sencilla para que todos puedan ser parte”, explicó.
Algunos puntos del procedimiento
Según la nueva ordenanza aprobada este jueves “el procedimiento para la Elaboración Participativa de Normas debe garantizar el respeto de los principios de igualdad, publicidad, informalidad y gratuidad”.
Asimismo, el artículo 6 prevé que “las opiniones y propuestas que se presenten durante el Proceso para la Elaboración Participativa de Normas no tienen carácter vinculante”. Además “pueden participar toda persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la norma a dictarse”.